Los esfuerzos del
presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados,
Atilio Benedetti, por hacer bien los deberes con el presidente Macri
y Bayer-Monsanto no tuvieron éxito. A pesar de las presiones por
lograr la modificación de la Ley de Semillas Nº 20247 en el
Congreso de la Nación, finalmente (y una vez más) su tratamiento
fue postergado y quedó para la agenda parlamentaria del año 2019.
Este aplazamiento
significa un enorme triunfo para las más de 200 organizaciones
campesinas, indígenas, sociales, ecologistas, sindicales y políticas
que luchamos por la no modificación de la Ley vigente, denunciando
que la modificación es un paso más en la privatización de nuestros
bienes comunes.
Las muchas
actividades que realizamos los últimos meses en Buenos Aires, y a lo
largo y ancho de Argentina, y el trabajo acumulado durante años de
resistencia a los constantes intentos de reforma, desde 2012,
pusieron en la agenda pública este tema que el gobierno nacional y
los sectores del agronegocio, pretendieron relegar y sectorizar,
presentándolo como no relevante para la mayor parte de los
argentinos.
Producto de este
trabajo colectivo, hoy la reforma de la ley de semillas comienza a
visibilizarse como uno de los temas centrales para la alimentación
de nuestro pueblo: quien controla las semillas controla la calidad,
diversidad y precio de nuestros alimentos.
Por eso celebramos
esta postergación y, al mismo tiempo, la vemos como una oportunidad
para ampliar las voces que rechazan la modificación de la Ley y
poder, en el año próximo, ofrecer una resistencia más firme a los
intentos de reforma.
Debemos tener
presente que el proyecto ya cuenta con dictamen de las comisiones y
por lo tanto podrá ser tratado por la Cámara de Diputados en
cualquier momento del año. Pero también es muy importante remarcar
que el Proyecto fue aprobado con el voto exclusivo de los Diputados
de Cambiemos. Esto no sólo deja en evidencia que el supuesto
“consenso” que declaman no es tal, porque cada vez somos más los
que nos sumamos a rechazar el proyecto. Hasta hoy ni siquiera pueden
generar acuerdos hacia el interior del propio Congreso, ya que los
diputados de la oposición votaron contra la modificación. Sabemos
que las presiones sobre estos legisladores y sobre algunos sectores
del agro como la Federación Agraria Argentina (que rechaza la
modificación, en la actualidad) son muchas. Por eso, es fundamental
que dupliquemos el esfuerzo con el objetivo de que los legisladores
no modifiquen los posicionamientos que hasta ahora han frenado la
avanzada de esta reforma.
En esta línea, a
las acciones ya desarrolladas, sumamos un llamado a la preparación
de acciones colectivas y descentralizadas, a lo largo y ancho del
país, para la última semana de Febrero de 2019. Tenemos que mostrar
que cada vez somos más los y las que queremos proteger nuestras
semillas, deseamos comer alimentos sanos y producidos de manera
agroecológica, y que reivindicamos la tarea milenaria que los y las
productores/as familiares, campesinos/as e indígenas realizaron y
realizan para ofrecernos los mejores alimentos. Por eso, invitamos a
organizaciones campesinas, indígenas, sociales, ecologistas,
sindicales y políticas de todo el país a sumarse a una Semana de
Lucha por la Soberanía Alimentaria, llevando adelante talleres,
ferias, intercambios de semilla, intervenciones que visibilicen la
problemática y que tengan impacto a nivel nacional, y se sumen a un
Festival en Defensa de Nuestras Semillas a realizarse en ese marco,
frente al Congreso.
Volvemos a compartir
los puntos principales de nuestra crítica al Proyecto de
modificación de la Ley 201247:
2. Refuerza el poder de policía que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) tiene para velar por los intereses de las empresas. Ante cualquier pedido de las empresas que consideren que están siendo vulnerados sus derechos de propiedad intelectual, el instituto podrá acceder a cualquier cultivo o producto de la cosecha en cualquier lugar en que se encuentre, y disponer de la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de producción. Además propone una composición del INASE en la que la mayoría de sus integrantes son del sector privado. Incluso UATRE, sindicato que siempre ha defendido los intereses patronales, es un apoyo central de la política privatista de este Instituto. De esta manera, el Estado y el sector privado son socios en detrimento del derecho de uso propio de los agricultores.
3. Para los controles establece que el INASE tiene la “facultad exclusiva de fijar los umbrales mínimos de detección de tecnología que habilitarán la percepción de cargos por derechos de propiedad intelectual”. Esto posibilitaría que se le reclame Derechos de Propiedad Intelectual a un productor cuyo campo fue contaminado con transgénicos por el polen de otro productor, si el INASE fijara bajos “umbrales mínimos de detección de tecnología”. Esto ocurre en Canadá y de aprobarse esta ley, ocurrirá aquí.
4. Cambian el Derecho de Uso Propio de los Agricultores por el Derecho de Obtentor como eje de la agricultura argentina. El proyecto explicita que el titular del derecho de una variedad protegida podrá requerir el pago correspondiente a quien reserve y utilice semilla para su uso propio en cada posterior propagación o multiplicación. Salvo, para el caso de los considerados “agricultores exceptuados”: productores de agricultura familiar inscriptos en la RENAF (Registro Nacional de la Agricultura Familiar), pueblos originarios y quienes se encuentren en los parámetros de facturación que la normativa fija para la categoría de micropyme. El proyecto NO exceptúa del pago de Derechos de Propiedad Intelectual a ningún productor que produzca materias primas o alimentos a partir del cultivo de creaciones fitogenéticas.
Por esta razón, el “uso propio” deja de ser libre y gratuito, concepción entendida como un “derecho de los agricultores” que se enmarca en tratados internacionales a los que Argentina es signataria, como la “Unión para la Protección de las Obtenciones Vegetales” (UPOV) en su versión de 1978 (Ley 24.376) y el “Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la alimentación y la agricultura” (TRFAA), conocido como Tratado de Semillas. Por esta razón, advertimos que la aprobación del proyecto generará una grave contradicción normativa, violando los tratados antes mencionados, con jerarquía superior en nuestra legislación.
Junto con esto, ignora abiertamente el régimen de protección, uso propio, acopio y libre circulación de las semillas nativas y criollas creado por la ley 27.118 de “Reparación histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una nueva ruralidad”, dado que promueve la apropiación de semillas por parte de las grandes corporaciones sin haber realizado un inventario previo de semillas nativas y criollas.
De esta manera, un derecho que reconoce el rol histórico que los y las productores/as han tenido en el mejoramiento de las semillas y la agricultura es vulnerado a través del establecimiento de “excepciones” que sólo se harían vigentes en caso de acreditar “pobreza”.
5. Sólo determina que son de “orden público” algunos artículos, entre los que no se encuentra incluido el artículo 27 que determina alguna restricción a los Derechos de Obtentor. Por lo tanto, esto habilita la posibilidad de la existencia de disposiciones que avancen sobre las excepciones.
6. El artículo 10 establece que se incorpora como parte de las “Deducciones Especiales de la Tercera Categoría” de la Ley de Impuesto a las Ganancias la posibilidad de los productores de deducir “Una vez y media (1.5) los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada”. Esto implica que el pago de la semilla fiscalizada será financiado por el Estado Argentino sumando así un eslabón más a los muchos subsidios que el Estado otorga al agronegocio.
De esta manera, esta Ley de Semillas nos hace pagar a todos por las regalías a las empresas, ya que permite a los productores descontar “una vez y media” lo que paguen por ellas, del Impuesto a las Ganancias. Esto es un subsidio estatal del orden de los 900 millones de dólares, en un contexto en que se impone el “déficit cero” y el ajuste del gobierno, y en el que una parte importante de la clase trabajadora no puede evitar el pago injusto de este impuesto.
Esperamos que este análisis pueda ser compartido, debatido y multiplicado para poder seguir en el 2019 defendiendo a nuestra semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad.
Para sumarse a las actividades que iremos planificando nos pueden escribir a:
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