En el 2012, el gobierno de Cristina Fernández anunció el intento de reformar la ley de semillas con el fin de adecuar la normativa de nuestro país a un nueva etapa del agronegocio. Desde ese momento, año tras año, se viene intentando llevar adelante la modificación de esta ley en negociaciones cerradas con las corporaciones transnacionales, los intermediarios locales y los grandes productores. La falta de acuerdo entre los actores de la denominada Mesa de Enlace ha llevado las negociaciones a un constante callejón sin salida. Sin embargo, las grandes presiones de las empresas semilleras y productoras de agrotóxicos reposicionan el tema intentando generar múltiples y nuevos mecanismos que avalen la apropiación privada de las semillas que estas empresas comercializan.
Hoy, el gobierno de Mauricio Macri inicia una nueva ronda de negociaciones en el Ministerio de Agroindustria. Y aunque estas rondas se planteen “discutir los disensos” para generar un proyecto común que impulsar en el Congreso, hay dos cuestiones que se presentan como una realidad irrebatible.
En primer lugar, esa discusión deja afuera las necesidades e intereses de agricultores y agricultoras familiares, comunidades campesino- indígenas, consumidores y consumidoras, y afectados y afectadas directas por el agronegocio. Nuestros disensos no son siquiera escuchados a pesar de que, desde los inicios, hemos planteado nuestras objeciones a esta reforma y hemos debatido públicamente nuestros posicionamientos sobre lo que es una agricultura deseable para la alimentación saludable de nuestra población.
No se han escuchado nuestras denuncias de cómo el agronegocio actual, sus transgénicos y agrotóxicos, están acabando con el principal patrimonio que tenemos los pueblos para garantizar nuestra alimentación en el futuro, llevando a la pérdida del 75 % de las variedades de semillas agrícolas. Se ignora nuestro grito de denuncia sobre las millones de muertes y enfermedades, desplazamiento de pueblos enteros, deforestación, devastación de millones de hectáreas de tierra al dejarlas sin nutrientes, masiva contaminación, aporte significativo a la crisis climática y la desigualdad que provoca este modelo. Todos estos elementos demuestran que esta NO es una agricultura sustentable, ni el camino a seguir.
En segundo lugar, “trabajar con los disensos”, para los funcionarios del Ministerio de Agroindustria, tiene como horizonte un sólo acuerdo: generar una ley que limite nuestro derecho básico a guardar semilla, que cercene el libre acceso a la misma, que persiga y criminalice a quienes históricamente han producido y resguardado nuestros alimentos, y promover un sistema legal que permita la apropiación de las semillas por parte de las grandes corporaciones semilleras.
El intento por modificar la ley de semillas ha tenido, además, muchos ribetes judiciales demostrando que además de apelar a la modificación de la Ley de Semillas las corporaciones también buscan utilizar el sistema de patentes para lograr el control sobre las semillas.
En ese sentido, la empresa Monsanto (todavía no fusionada con Bayer, en Argentina) ha reclamado desde 1996, la patente sobre plantas genéticamente modificadas que contienen el transgén que hace a los cultivos tolerantes a los herbicidas. Frente a este intento, la Justicia (a través de una sentencia de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Capital Federal) rechazó su pretensión de apropiación y dejó bien en claro que la naturaleza no se patenta y que la inserción de un gen no es un invento sino una mera innovación que no otorga derechos de propiedad. Dicha sentencia está a la espera de una decisión final de la Corte Suprema de Justicia. Mientras, y aún pendiente la decisión de la Corte, tanto Monsanto como Bayer han iniciado nuevos procesos judiciales, reclamando ahora los derechos de patentes sobre las secuencias genéticas. Alegando que las semillas serian “meras portadoras” de una secuencia genética manipulada en el laboratorio, las empresas buscan presentarlo como un invento con el fin de que se les reconozca el derecho de propiedad. Lo que se procura es modificar, subrepticiamente, los actuales criterios de la UPOV '78 que rigen la ley, e introducir reglas y criterios propios de la UPOV '91, lo cual es inconstitucional.
Asimismo, y en paralelo a los reclamos legales apuntados, las grandes empresas (con Monsanto y Bayer a la cabeza) no han dudado en intentar imponer contratos privados ilegales para el cobro de regalías a los productores, cuando esto ha sido necesario.
De esta manera, las empresas pretenden avanzar en un terreno extremadamente grave a través del reconocimiento de derechos exclusivos a las corporaciones biotecnológicas y semilleras, en desmedro de los derechos de medianos y pequeños agricultores y campesinos, mediante la prohibición del uso propio de las semillas, la criminallización de los productores y productoras, y la restricción irrazonable a los modos y costumbres que gobernaron miles de años a la agricultura en la humanidad.
Así, se busca obtener patentes sobre la vida, algo que nuestra Ley de Patentes expresamente prohíbe, y violar el fin preambular de la Constitución Nacional: el bien común.
Todas estas estrategias muestran que la semilla se ha vuelto hoy una importante fuente de poder, fundamental para el control de la agricultura y la generación de ganancias. Pero también base de la biodiversidad del planeta, es el principio de nuestra nutrición y nuestra vida.
Por esto, queremos expresar que nuestra Multisectorial se opone a la realización de modificaciones a la Ley vigente en las condiciones actuales.
Creemos que los principios irrenunciables para el abordaje de una Ley de Semillas en Argentina son:
El rechazo a toda forma de propiedad intelectual sobre las semillas. Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo una creación colectiva de los pueblos y los intentos de apropiación y privatización a través de los derechos de obtentor, patentes o normas de calidad son una amenaza a la soberanía alimentaria de los pueblos. El material genético que contiene es preexistente, y no el resultado de un invento humano. Es por esto, por la historia del trabajo humano que contiene, que no puede ser patentado.
El derecho de nuestros pueblos a nutrirse soberanamente: las semillas son fuentes de alimento y de salud; es por esto por lo que debemos decidir qué plantamos, qué sembramos, con qué nos alimentamos y sanamos nosotros y nuestros hijos.
El derecho sin restricciones al uso propio de la semilla.
La preservación de la biodiversidad de nuestros territorios.
El resguardo, defensa y libre circulación de las semillas nativas y criollas.
La participación decisiva de las organizaciones campesinas, de agricultura familiar y pueblos originarios en todas las instancias que intervengan en la producción agrícola de nuestro país.
Que el Estado abandone el impulso al agronegocio, el control corporativo de nuestra agricultura, el uso de semillas transgénicas y la aplicación de agrotóxicos y la entrega de nuestros bienes comunes naturales a través de los Tratados de Libre Comercio. En cambio, debe promover una transición urgente hacia un modelo regional agroecológico de base campesina con real participación de las comunidades involucradas y orientado a lograr la Soberanía Alimentaria en nuestro país; para que el hambre deje de ser un crimen sobre nuestro pueblo.
El reconocimiento del rol de las mujeres en la reproducción y cuidado de nuestras semillas frente a la omnipresente voz masculina y patriarcal del agronegocio.
Las organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas, asambleas y movimientos sociales, nucleados en esta Multisectorial, junto a decenas de organizaciones de Argentina, Latinoamérica y del Mundo, seguiremos luchando contra la reforma de la ley de semillas a través de la visibilización, movilización, presentaciones legales (como ha sido el caso de la presentación de un Amicus Curiae que garantice el rechazo de la Corte a la demanda de Monsanto).
Asimismo, continuaremos exigiendo que se cumpla con el artículo 20 de la Ley General de Ambiente (N° 25.675) que obliga a las autoridades a “institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, así como también a cumplimentar el artículo 169 de la Organización Internacional de Trabajo (ratificado en el marco de la Constitución Nacional) a generar consultas previas a los Pueblos Originarios con el fin de participar a la sociedad y sus organizaciones en esta decisión en la que están en juego intereses fundamentales de nuestro país.
Invitamos a todas las organizaciones territoriales, asambleas ambientales, espacios artístico- culturales, organizaciones feministas, movimiento estudiantil, movimientos y corrientes sindicales y todxs lxs interesadxs en luchar para frenar la privatización y el control de nuestras semillas y por nuestra Soberanía Alimentaria, a sumarse a la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas en Argentina.
¡Las semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad!
¡NO A LA NUEVA LEY BAYER-MONSANTO DE SEMILLAS!
¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS Y LA VIDA!
¡FUERA BAYER-MONSANTO Y LAS CORPORACIONES DEL AGRONEGOCIO DE AMÉRICA LATINA!
¡POR UNA AGRICULTURA PARA ALIMENTAR Y EN MANOS DE LOS PUEBLOS!
Adhesiones: noalanuevaleydesemillas@gmail.com
Frente
Popular Darío Santillán – CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para
Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra
Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG
Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, GRAIN, Acción por la
Biodiversidad, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de
plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquen,
comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental -
AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino
Indígena MNCI - Via Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina,
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores, Espacio
de Lucha Territorial Río Bravo en SUBVERSIÓN ,
Frente Universitario de Lujan en SUBVERSIÓN, Red Nacional de
Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía
Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista
Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa
Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto,
Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas,
Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón,
Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de
Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía
Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos
Aires, Asociación civil BePe, Maela, Acampa - Asociación de
campesinos del Abaucán.
