A 42 años del Golpe de Estado cívico- eclesiástico- militar gritamos “Los pueblos originarios exigen su NUNCA MAS”

(*)Rodolfo Walsh decía, en su Carta Abierta a la Junta Militar, escrita unos días antes de su secuestro, que “aún si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas”.
Hoy, 42 años después del Golpe de Estado cívico- eclesiástico- militar que secuestró, asesinó y torturó a miles de compañeros y compañeras, los estragos causados por la nefasta dictadura y las democracias que siguieron, se han transformado en una herencia pesada, que cobra vida en cada una de las injusticias cotidianas.
La complicidad de los gobiernos democráticos con el terrorismo de Estado muestran que la estructura institucional que ha sostenido a las fuerzas militares del “proceso” no han sido desmanteladas. La Obediencia Debida y el Punto Final, con Raúl Alfonsín, el Indulto de Carlos Saúl Menem y el estado de sitio de De La Rúa en 2001 muestran que, en dictadura o democracia, los mecanismos represivos en manos de las fuerzas son siempre funcionales a las necesidades del capital. Incluso la impunidad de Cristina Fernández de nombrar a César Milani (juzgado por la desaparición del soldado Ledo) como jefe de las Fuerzas Armadas, y la legitimación pública de la represión y asesinato, por parte del gobierno de Mauricio Macri, evidencia la necesidad constante de disciplinarnos.
La Justicia también sostiene este entramado. Juzga a cuentagotas a los viejos militares represores, ya caídos, y mira a un costado cuando hay que investigar a los exitosos empresarios de siempre, los hostigadores civiles de los crímenes de lesa humanidad, como Carlos Blaquier (dueño del Ingenio Ledesma) o Franco Macri; o a los responsables de una Iglesia Católica que se deshizo de los Padres Angelelli y Mujica.

Todavía hoy pagamos el estrago causado por una política económica que buscó desmembrar y disciplinar a la clase trabajadora.

Al día de hoy, son las mismas democracias las que han sostenido la estructura económica iniciada en la dictadura. Son esos empresarios criminales, incluyendo a nuestro actual presidente Macri, los beneficiados por una dictadura que estatizó sus deudas, en 1981, y que nadie investigó pero que Alfonsín, Menem, De La Rúa, Kirchner y Cristina Fernández aceptaron y pagaron hasta el cansancio, con el sudor de nuestro trabajo. Son esos mismos gobiernos que consolidaron el poder de los grandes capitales globalizados que dominan nuestras vidas. La concentración en grandes transnacionales, las millonarias ganancias ocultas del sistema financiero, la especulación inmobiliaria y la extracción de recursos naturales han sido sólo algunas de las formas en que la sangre de la clase trabajadora ha sido derramada durante la dictadura, y ha seguido cayendo en democracia. La burocracia sindical, lejana a los valores de justicia e igualdad de nuestras luchas en los 70s, es tambíén la responsable conviviente de un sistema capitalista que nos condena a salarios de miseria, a condiciones laborales cada vez más precarizadas -y legalizadas- y al crecimiento de la pobreza y la indigencia.
Es la consolidación de estas injusticias lo que alimenta el dolor de los hechos presentes.
Los secuestros de nuestras compañeras ayer se transforman en las desapariciones de nuestras mujeres hoy, en manos del femicidio y las redes de trata que las mismas fuerzas represivas alimentan.
La eliminación de una generación de jóvenes que creían en un mundo mejor para todos y todas, se plasma hoy en la desaparición de nuestros/as niños/as y jóvenes, en manos de la desidia, la pobreza, la droga y la indiferencia de las instituciones que lejos de cuidar, estigmatiza y criminaliza, busca culpar, juzgar, encerrar y matar sus sueños de una vida digna.
Las desapariciones de militantes se traducen hoy en las desapariciones de pibes y pibas en los barrios, víctimas del gatillo fácil. El silencio de los y las luchadores/as se transforma en judicialización de la protesta y persecusión laboral. La censura informativa y artística de los 70, hoy se consolida en el desguace de la educación pública, en el poder de los grandes medios de comunicación, en el constante asedio a quienes construyen la cultura popular, desde abajo.

Una vez más podemos ver que ¡el aparato represivo sigue intacto! Lo supo Julio Lopez, cuando lo desaparecieron por segunda vez. Lo supo Luciano Arruga, cuando se negó a delinquir para la maldita bonaerense. Lo saben los pueblos originarios que enfrentan las balas que se dirigen a ahogar su centenario reclamo por sus tierras ancestrales. Lo sabemos quienes día a día ponemos el cuerpo para construir un mundo diferente. Lo supieron Santiago Maldonado y Rafael Nahuel asesinados por entregar su lucha solidaria a un pueblo constantemente apaleado.

En una línea de continuidad entre los diferentes poderes del Estado (nacional y provincial), y sin importar el color político, se derriban las conquistas obtenidas por las históricas luchas de los organismos de derechos humanos y la clase trabajadora, reprimiendo y amedrentando, encerrando a los y las luchadores y luchadoras con causas inventadas, mientras que los genocidas que han cometido crímenes de lesa humanidadintentan ser beneficiados con la prisión domiciliaria, tal y como ocurrió con Miguel Etchecolatz, o se busca con Alfredo Astiz.

Este aparato represivo se disfraza ahora con ropas de democracia. Porque se ampara en leyes que aprueban los de arriba, para destruir a los de abajo. ¿O acaso no fue el Congreso de la Nación, llenándose la boca de pluralidad, quien votó en 2007 la Ley Antiterrorista o quien, en 2011, recrudeció las penas, dando un nuevo aval a esta ley que va en contra de la organización de la clase trabajadora en todas sus variables?

Porque no tenemos miedo, porque nos negamos a sufrir las diferentes formas de opresión que nos impone el sistema, 42 años después nos quieren ejemplificar y disciplinar a sangre y fuego.

Con esta antesala, más que nunca el NUNCA MAS se vuelve un signo de pregunta. Porque es evidente que los que escriben la historia hace siglos buscan aniquilar a nuestros pueblos ancestrales y poner sus territorios a producir para el mercado capitalista. Los Roca, los Alsina, los Martínez de Hoz de los comienzos de nuestro Estado nacional, hoy se llaman Benetton, Lewis, La Alumbrera.
La lucha por la dignidad y la devolución de los territorios extirpados a sangre y fuego a los pueblos originarios se contrapone a la violencia del despojo que atenta contra la naturaleza y nuestros lugares de vida, que militariza los territorios, y oculta y silencia a los asesinos.
Y la violencia de las armas se acompaña con la violencia de la palabra. Porque se busca estigmatizar la lucha de los pueblos originarios, creando “enemigos internos” e inventando “actividades terroristas” con el mero fin de judicializar y justificar la represión y asesinato de luchadores sociales.
Los poderes políticos violan cada uno de los protocolos de DDHH e ignoran sistemáticamente acuerdos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que intentan devolver sólo un poco de lo que tanto se le ha quitado a los pueblos originarios: el reconocimiento de su preexistencia étnica y cultural y la recuperación de sus tierras.

El Estado argentino militariza los territorios estratégicos para las ganancias de unos pocos, en una nueva Campaña del Desierto, liberandolos para la masacre de quienes los habitan. El poder ningunea la historia de nuestro continente, negando y disminuyendo la existencia de nuestros pueblos originarios. Un ejemplo de ello, son las declaraciones de Mauricio Macri en la Conferencia de Davos, el mismo 25 de enero, en las que plantea que “en Sudamérica, todos somos descendientes de europeos”, o la constante reivindicación que años atrás ha hecho en sus declaraciones el ex Ministro de Educación, Esteban Bullrich, de la “conquista del desierto”, desconociendo la explícita masacre que ha sido el avance y la constitución del Estado Nacional sobre los múltiples y diversos pueblos que han ocupado el continente desde siglos.
Seguiremos llenando las calles, las rutas, las plazas, todxs hermanadxs en esta lucha para que los pueblos originarios recuperen sus tierras. Porque el grito por “Justicia y Castigo” se transforme en la realidad de nuestra construcción cotidiana. Porque alguna vez, nuestros/as hermanos/as puedan gritar finalmente NUNCA MAS. Porque no queremos más presxs por luchar, y tampoco queremos más genocidas en sus casas.

Continuaremos en las calles porque en esta lucha se juega la historia de los de abajo, se juega nuestro presente … pero también es la lucha por nuestro futuro.

SUBVERSIÓN

*Las fotos fueron sacadas en las actividades realizadas en la Universidad Nacional de Luján (radio abierta, muestra fotográfica de "LatidoAmericano" y "La madre tierra tiene memoria") y en el Club Rivadavía (cine debate con los compañeros y compañeras de Arandú)